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“Ni aceptaremos el ingreso en prisión de las 6 de la Suiza ni la involución de los derechos y libertades de la clase trabajadora”

Ayer conocimos que el Juez Lino Rubio Mayo, titular del Juzgado de lo Penal nº1 de Xixón, ha dictado Auto por el que acuerda no suspender la condena impuesta a las sindicalistas de la CNT Xixón, conocidas como “Las Seis de la Suiza”, por lo que se verán obligadas a entrar en prisión para cumplir 3 años y medio de cárcel por protestar frente a la Pastelería “La Suiza” ante una situación de acoso y explotación laboral de una trabajadora embarazada.

El Auto del Juez sostiene que no es suficiente con que el sindicato CNT haya satisfecho la responsabilidad civil de la empresa, y que es precisamente este dato –que el dinero no haya salido de las arcas personales de los condenados– la prueba de la “falta de arrepentimiento”. Tampoco ve el Juez arrepentimiento en que las sindicalistas han protestado contra la Sentencia, lo que evidencia un ejercicio de Derecho Penal inquisitivo y vengativo. Igualmente sostiene que las protestas causaron un “daño desproporcionado” al provocar el cierre del establecimiento, lo que pone en riesgo la capacidad de los trabajadores para organizarse y hacer valer sus derechos, pues pasa por alto que el perjuicio económico a la empresa es inherente al ejercicio de la huelga y a las protestas. Y su efecto más grave es la asimetría procesal: mientras el empresario recibe una indemnización cuantiosa, se ordena el ingreso en prisión de las sindicalistas por defender derechos laborales.

Todas las Sentencias del caso, desde instancia hasta el Tribunal Supremo, crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación, y el Auto del juez Lino Rubio Mayo, implica una exhibición de “orgullo” por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos un verdadero atropello a la acción sindical. Desde la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical calificamos estas Sentencias como ataques sin precedentes al derecho fundamental de libertad sindical, libertad de expresión y libertad de reunión y manifestación, y ponen al sistema jurídico español al nivel de Turquía, que fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por reprimir la acción sindical en el asunto Enerji Yapı-Yol Sen vs. Turquía.

Hasta el momento el Supremo había mantenido que las personas jurídicas tienen menor protección al honor que las físicas, priorizando la libertad de expresión en conflictos laborales. Sin embargo, esta Sentencia aplicó un estándar inverso, ampliando la tutela del honor del empresario, lo que colisiona con el art. 20.1 de la Constitución Española, y que el ex juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez y abogado de la pastelería La Suiza sintetizó con prolífica crueldad: deberán pensarse bien lo que piden y cómo lo piden. La paradoja radica en que pancartas con mensajes como “terrorismo empresarial” fueron avaladas en otros casos del Tribunal Supremo, mientras que en este caso se usaron como agravante, lo que genera confusión sobre qué constituye una crítica legítima y qué se considera desproporcionado.

Desde la Plataforma ya manifestamos que la condena por «coacciones graves» por realizar concentraciones pacíficas, repartir panfletos y usar megafonía vacía de contenido el derecho fundamental de libertad sindical, consagrado en el art. 28.1 de la Constitución Española porque son herramientas habituales de presión sindical. La gravedad es de tal que la gran mayoría de sindicatos se han unido para alertar de esta situación.

Los profesionales de la abogacía que integramos esta Plataforma no vamos a aceptar el criterio ejemplarizante que el Tribunal Supremo y nos vamos a movilizar en todos los ámbitos posibles para evitar la regresión de derechos fundamentales, llevando a las sedes judiciales y a los procesos en los que intervengamos la firme defensa de la libertad de expresión, de manifestación y de acción sindical. Rechazamos igualmente el injusto y desproporcionado ingreso en prisión de las condenadas y no vamos a consentir la mordaza a nuestro trabajo como defensores legales de la clase trabajadora organizada, ni a la propia clase trabajadora.

Madrid, a 2 de junio de 2025.

No hay cárcel que acabe con el sindicalismo

Lino Rubio Mayo, juez del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Xixón, dictó el pasado lunes un auto por el que desestimaba la suspensión de la condena, en contra de la posición de la defensa y de la Fiscalía, que se habían manifestado a favor de suspender la entrada en prisión. El abogado de la acusación, el exjuez Javier Gómez Bermúdez, había alegado por su parte en contra de la suspensión la función ejemplarizante de la cárcel, más allá de los principios de reinserción recogidos en la Constitución. Este hecho, conocido debido a la filtración de La Nueva España —que, omitiendo, cualquier ética periodística no se molestó en recabar la versión de las afectadas— supone el penúltimo paso en una operación de lawfare que se lleva gestando durante ocho años.

Un repaso del caso

Para entender este ingreso en prisión, cabe remontarse a 2017. En aquel entonces, la actividad sindical de base de la CNT de Xixón experimentaba un crecimiento notable, fruto de una campaña para denunciar las condiciones en el sector de la hostelería y el pequeño comercio, sectores en los que los derechos laborales se ven continuamente vulnerados y en los que la respuesta sindical es harto complicada. Entre una treintena de conflictos, la CNT inició una campaña de denuncia de las condiciones y actitudes que tenían lugar en la Pastelería La Suiza, sita en la avenida de Schultz. Dicha campaña se puso en marcha, como el resto, tras intentar negociar con la empresa para evitar llevar el conflicto a la calle. Ante estos primeros intentos de acercamiento, la empresa y su entorno respondieron con una negativa total a cualquier tipo de negociación, al tiempo que presumían de estar en estrecho contacto con la Brigada de Información de la comisaría gijonesa. La campaña transcurrió con normalidad, sin ningún incidente, con concentraciones realizadas en la acera de enfrente del establecimiento y bajo la atenta mirada policial. Por su parte, la empresa respondió con más de treinta denuncias dirigidas al sindicato — llegando a solicitar su ilegalización, con la misma prensa que hoy filtra el auto dando bombo a este delirio¹—, a sus miembros o incluso a personas sin vinculación con el sindicato que expresaban su solidaridad ante el conflicto que se vivía en la pastelería. Esta normalidad se vio interrumpida tras la detención a la puerta de su casa —y posterior puesta en libertad, sin el preceptivo paso por el juzgado— de dos de las compañeras que habían intentado establecer negociaciones previamente al inicio del conflicto. Durante esta detención, las dos compañeras fueron advertidas de que debían cesar el conflicto sindical si no querían enfrentar consecuencias mayores. De las decenas de denuncias interpuestas por la empresa, una de ellas consiguió pasar el filtro del juzgado de instrucción, llegando así al Juzgado de lo Penal n.º 1 de Xixón, tristemente famoso desde los años ochenta por su dureza con los insumisos o sindicalistas, la cual contrastaba con su indulgencia en otros casos que afectaban a otros sectores sociales. En los hechos probados de este juicio se constata una perversa manipulación de los hechos: obviando su naturaleza sindical, se interpreta un intento de negociación como una obstrucción a la justicia y una campaña de denuncia como coacciones graves. Cabe destacar que, en su sentencia, Lino Mayo dedica un párrafo a advertir que no está juzgando hechos sindicales para, a continuación, relatar actos puramente sindicales y terminar condenando, junto a las seis sindicalistas, al propio sindicato. La coherencia es un deber moral del que algunas instituciones están exentas impunemente.

¿Cerró la actividad sindical la Pastelería La Suiza?

Como se pudo demostrar en el juicio, y así lo recoge el fallo, el local estaba anunciado en portales inmobiliarios para su traspaso desde un año antes del inicio del conflicto, lo cual señala que la intención de la administración de la empresa de deshacerse del local era previa a este. Tras cerrar la pastelería en el popular barrio gijonés, esta reabrió con otro nombre en una calle de Oviedo, situada en el casco viejo de la capital asturiana, en una ubicación privilegiada, próxima a la Catedral. Pudiera parecer que, más que sufrir un perjuicio, el empresario consiguió su pretensión de cerrar la pastelería gijonesa y dar un salto en su carrera, abriendo una más exclusiva en la capital.

Una sentencia contra los derechos fundamentales

Si cupiera alguna duda de los motivos de fondo de esta operación represiva, el escrito de alegaciones de la empresa contra la suspensión de la condena recalcaba la doble función preventiva que, según ellos, tiene la cárcel para evitar comportamientos: la general, dirigida a toda la sociedad, y la particular, a las personas condenadas. Esta declaración de intenciones por parte de la acusación entronca con las declaraciones vertidas en LNE²por el abogado de la acusación, Gómez Bermúdez, en las que hacía su particular análisis de la sentencia. En ellas, además de avisar a los sindicatos de que a partir de ahora «deberán medir muy bien lo que le exigen a los empresarios», añadía que esta sentencia no limita en exclusiva la libertad sindical, sino, «más bien, la libertad en general». En efecto, al retorcer los hechos para criminalizar lo que no es más que el ejercicio de los derechos fundamentales, esta sentencia atenta contra los mismos. Cuando protestar de forma pacífica frente a un centro de trabajo, sin impedir su funcionamiento, se convierte en coacción, o cuando intentar negociar una salida ante un conflicto es obstrucción a la justicia, nada impide entender como coacción cualquier tipo de protesta colectiva en cualquier otro ámbito que se considere oportuno.

Orgullo y dignidad

Desde el grupo de sofitu a Las 6 de La Suiza no podemos dejar de sentir orgullo al volver a comprobar la fortaleza de nuestras compañeras, que encaran el futuro con la tranquilidad y la inmensa dignidad de quien se sabe injustamente reprimida por dar lo mejor de su vida por construir un mundo mejor. Sus nombres se suman ya a la larga lista de mujeres y hombres que, a lo largo de la Historia, han sufrido la represión por movilizarse para conseguir mejoras sociales que hoy en día asumimos como naturales.

Solidaridad y autodefensa

En lo que toca a la sociedad en general, en esta tierra asturiana que tantas lágrimas y sangre vertió, no podemos hacer sino un llamamiento a la solidaridad, tanto para con las seis personas que, tras ocho años de proceso, verán interrumpidas sus vidas, como para con sus padres, madres, parejas, hijos, compañeras y amigas. Pero, además, este caso ya no trata solo sobre seis personas y su entorno. El ataque a la línea de flotación de los derechos fundamentales nos afecta a todas, por lo que, al mostrar nuestra más enérgica repulsa ante esta situación, estamos en realidad defendiéndonos, declarando así que no nos dejaremos arrebatar lo que tanto ha costado conseguir. Si el sindicalismo es un delito —como sentencian las actuaciones del Juzgado de lo Penal de Xixón, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional—, solo nos cabe hacer una última advertencia: no tendréis cárceles para encerrarnos a todas las personas que seguiremos luchando contra quienes se aprovechan de la debilidad ajena para lucrarse, contra el abuso del poderoso, contra quien menoscaba la dignidad humana. Y que jamás abandonaremos a aquellas contra quienes os ensañéis por ello.

No nos asustan las ruinas, ni mucho menos la cárcel. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y estamos decididas a seguir sembrando la semilla para que acabe naciendo.

   

1 https://www.elcomercio.es/gijon/tres-hosteleros-suman-20180912003535-ntvo.html
2 https://www.lne.es/gijon/2024/07/08/sindicalismo-necesario-da-derecho-acosar-105305627.html